Las Bahamas, un archipiélago compuesto por más de 700 islas, cayos e islotes, es ampliamente reconocido por sus paisajes pintorescos, vibrante cultura e industria turística próspera. Más que un paraíso para turistas y vacacionistas, el sistema legal matizado del país también crea un entorno empresarial favorable que atrae a muchos inversores y emprendedores.
El sistema legal de Las Bahamas tiene sus raíces en la tradición del common law inglés, con estatutos locales e instrumentos legislativos. La ley suprema del país es la Constitución de la Mancomunidad de Las Bahamas, la cual ha estado en vigor desde 1973 cuando el país obtuvo su independencia de Gran Bretaña. La Constitución protege los derechos fundamentales y libertades individuales, y define los roles y funciones del gobierno y sus ramas.
El poder judicial de Las Bahamas es independiente de los poderes ejecutivo y legislativo. Las instituciones clave incluyen la Corte de Magistrados, la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones. El Consejo Privado en Londres actúa como la última instancia de apelación, destacando la influencia duradera de las tradiciones legales británicas.
Como país de la Mancomunidad, Las Bahamas opera un sistema dualista, lo que implica que las leyes internacionales deben ser incorporadas en la legislación nacional antes de aplicarse. Por lo tanto, a pesar de ser signatario de numerosos acuerdos y convenciones internacionales, estos solo afectarán a las leyes locales una vez que sean aprobados por el Parlamento.
En cuanto a las transacciones comerciales y empresariales, la legislación de las Bahamas otorga numerosos incentivos a los inversores extranjeros. El gobierno fomenta activamente la inversión extranjera directa (IED), con un enfoque específico en sectores como el turismo, la banca y las finanzas, la manufactura, la agricultura y las industrias marítimas. Es importante destacar que aun cuando todas las industrias están abiertas a la inversión, los no-bahameños deben obtener la aprobación de la Política Nacional de Inversiones antes de iniciar un negocio.
Las Bahamas cuentan con un sector bancario y de servicios financieros sólidamente regulado. El Banco Central de las Bahamas es responsable de la regulación financiera, supervisando la banca, los fideicomisos y la industria de valores. Mientras tanto, la Comisión de Valores regula la industria de fondos de inversión y la Comisión de Seguros supervisa la industria del seguro.
De manera significativa, Las Bahamas es una jurisdicción fiscal neutral. Esto significa que no hay impuesto sobre la renta, impuesto sobre herencias, ni impuesto sobre ganancias de capital impuesto a individuos o compañías que operan en el país. En lugar de eso, el gobierno genera ingresos de otras fuentes como impuestos de timbres, impuesto al valor agregado, impuestos a la propiedad, licencias comerciales y derechos aduaneros. Este estatus fiscal neutral hace de las Bahamas un centro atractivo para la banca offshore y empresas comerciales internacionales.
No obstante, se debe ser consciente del compromiso de Las Bahamas con los estándares globales contra el lavado de dinero (ALD) y la financiación del terrorismo (FT). El país ha implementado leyes y regulaciones estrictas para detectar y prevenir actividades financieras ilícitas, garantizando el total cumplimiento con las políticas internacionales ALD/FT.
En conclusión, la ley de Las Bahamas provee un marco efectivo para crear y llevar a cabo negocios diversificados. Ya sea un emprendedor novato o un inversor establecido, comprender las particularidades del sistema legal bahameño es crucial para operar con éxito en este estado archipelágico en pleno auge.
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